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La Cámara Federal de San Martín resolvió quitarle la causa por la mansión de Pilar vinculada a la AFA (tasada en 20 millones de dólares, con 54 autos de lujo, caballerizas y helipuerto) al juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky y dársela al juez federal de Campana, Adrián González Charvay.
Lo hizo a pedido de Luciano Pantano y su madre jubilada, quienes son investigados como presuntos testaferros del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
González Charvay tiene que leer ahora más de mil fojas con pericias, testimonios y medidas de prueba para recién entonces comenzar a actuar.
Es el tercer juez del caso, después de Daniel Rafecas y Aguinsky.
Lo primero que gana Toviggino con esto es tiempo. Enfriar un expediente que venía demasiado caliente. Lo segundo es llevar al caso hacia alguien con contactos en común.
La hipótesis de la justicia es que la mansión se compró para lavar dinero de la AFA.
¿Y qué vincula a la mansión de Pilar con la AFA? Por ejemplo, que el presunto dueño tiene una tarjeta corporativa de la casa del fútbol con la que paga gastos corrientes y de mantenimiento por 50 millones de pesos mensuales. Y todas las obleas de Telepase de los coches de lujo.
¿Por qué la AFA le pagaría todo eso a alguien que no tiene relación con la entidad ni sus jefes?
También están a nombre de familiares directos de Toviggino las cédulas azules de esos coches: no son los dueños formales, pero los pueden conducir.
González Charvay tiene lazos con el gobierno de Kicillof -aliado de Chiqui Tapia, a quien mantiene al frente de la CEAMSE- a través del ministro de Justicia de la provincia, Juan Martín Mena.
Este funcionario dirigía la SIDE junto a Oscar Parrilli cuando hallaron muerto a Nisman, en 2015. Igual que Parrilli, Mena está procesado por el Pacto con Irán -que Nisman había denunciado- e irá a juicio oral con su jefa, Cristina Kirchner.
Vueltas de la vida: González Charvay trabajó bajo las órdenes de Nisman, en la fiscalía AMIA, hasta 2009.
La Cámara de San Martín le quitó la causa a Aguinsky argumentando que la propiedad investigada queda en Pilar -distrito judicial de Campana- y que la propia AFA (la entidad sospechada de lavado de dinero) hizo un cambio de jurisdicción también a la localidad de Pilar. Ese domicilio es un baldío.
El camarista que tuvo esta particular lectura jurisdiccional es Alberto Lugones, un referente de los jueces kirchneristas de la “Lista Celeste” -con ese impulso dirigió dos veces el Consejo de la Magistratura- y fundador de Justicia Legítima junto a la ex procuradora general Alejandra Gils Carbó.
Los vasos comunicantes se multiplican: en las llamadas escondidas de Gils Carbó en el caso Nisman reveladas por Clarín el sábado, aparecen también llamadas de su principal operador y funcionario de mayor confianza, Lisandro “Licho” Pellegrini.
¿Y dónde está Pellegrini ahora? Es el subsecretario de Política Criminal de la Provincia de Buenos Aires. Otro funcionario de Kicillof.
Su jefe directo es el ministro Mena, de diálogo con el nuevo juez (González Charvay) que va a determinar el destino procesal de Toviggino, el alter ego de Chiqui Tapia en la AFA.
No es la primera vez que la Cámara de San Martín busca aliviar una investigación judicial contra la AFA.
En 2022, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, investigaba otro caso de lavado de dinero en el pase de jugadores a través de representantes. Y ordenó allanar la AFA, poco antes de que uno de los abogados pidiera apartarla.
La Cámara de San Martín -superior de Arroyo Salgado- la sacó de la causa y la investigación se fue desvaneciendo. Aquel fallo fue firmado, otra vez, por… Alberto Lugones.
Seis meses después, Argentina fue campeona del mundo en Qatar y nadie más volvió a hablar del tema.
